El oscuro récord del gobierno argentino en materia de derechos humanos.

Desde la recuperación de la democracia en Argentina en 1983, muchos ciudadanos han muerto en manos del Estado. Muchos de estos casos no han recibido la atención ni la justicia que merecen. Sorprendentemente, el número de muertes en estos últimos años ha superado al número de muertes durante la dictadura militar en Argentina. Ante este panorama, muchos se preguntan: ¿a qué juega el gobierno oficial actual argentino?

Es importante destacar que la dictadura militar en Argentina fue un período oscuro y trágico en la historia del país. Durante siete años, miles de ciudadanos fueron desaparecidos, torturados y asesinados por el régimen militar. Este fue un período de gran violencia y represión que dejó una cicatriz profunda en la sociedad argentina.

Sin embargo, a pesar de lo terrible que fue este período, el número de muertes en manos del Estado en la actualidad supera al número de muertes durante la dictadura. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 1983 y 2018, se registraron 8.711 muertes por violencia institucional en Argentina. Esto incluye casos de gatillo fácil, abuso policial, tortura en cárceles y comisarías, entre otros.

Es importante destacar que estos casos no son solo números fríos y estadísticas. Detrás de cada muerte hay una historia y una familia que ha perdido a un ser querido. Además, muchos de estos casos no han sido investigados adecuadamente y los responsables no han sido llevados ante la justicia. Esta impunidad solo perpetúa la violencia y la falta de confianza en las instituciones.

Ante esta situación, es comprensible que muchos ciudadanos se pregunten qué está haciendo el gobierno oficial actual argentino para prevenir estas muertes y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Desafortunadamente, la respuesta no es clara. Si bien el gobierno ha tomado algunas medidas para abordar este problema, como la creación de una comisión especial para investigar casos de violencia institucional, todavía queda mucho por hacer.

Además, el gobierno ha sido criticado por su falta de transparencia y su negativa a reconocer la gravedad de la situación. En lugar de enfrentar el problema de frente, el gobierno ha optado por minimizar la gravedad de los casos y culpar a los ciudadanos por la violencia en las calles.

Es importante destacar que la violencia institucional no es solo un problema en Argentina, sino en muchos otros países de América Latina y el mundo. Sin embargo, esto no es una excusa para ignorar la situación en Argentina. Como sociedad, debemos exigir que nuestros gobiernos tomen medidas efectivas para prevenir la violencia institucional y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

En conclusión, la situación actual en Argentina es alarmante. El número de muertes en manos del Estado en los últimos años ha superado al número de muertes durante la dictadura militar. Esta es una situación que no podemos permitir que continúe. Es hora de que el gobierno oficial actual argentino tome medidas efectivas para prevenir la violencia institucional y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

De Satanael

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