El Gobierno australiano aprobó el plan minero propuesto en diciembre por el ministro
de Medio Ambiente, Greg Hunt. El permiso del vertido de los residuos de dragado deja
a dos empresas indias y a un minero australiano multimillonario Gina Rinehart
expandir el puerto Abbot Point. Tienen proyectos colectivos de 16.000 millones de
dólares en la cuenca de Galilea, rica en carbón, que pretenden exportar unos 120
millones de toneladas de carbón al año.
En 1981 la Gran Barrera de Coral fue declarada parte del Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y mantiene una fantástica variedad de especies marinas y de vida
vegetal. Es el mayor arrecife de coral del mundo con casi el tamaño del estado
americano de Montana: cubre un área de unos 350.000 kilómetros cuadrados. Por su
gran diversidad biológica a veces es mencionado como el 'animal vivo' más grande del
mundo.
Los ambientalistas, científicos y turoperadores avisan de que el proyecto duplicará el
tráfico marítimo en torno a los corales. El ya de por sí frágil ecosistema está sufriendo
por el calentamiento global, la pesca y la contaminación perdiendo peces, flora
acuática, etc. Por tanto, los activistas enviaron una carta al presidente del organismo
vigilante, Russell Reichelt, pidiéndole que rechace la expansión del puerto.
La organización Greenpeace se unió a ellos calificando el vertido de "vergüenza
nacional" equivalente a tirar basura en un lugar como el Gran Cañón del Colorado o la
Ciudad del Vaticano. Sin embargo, desde el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral
aseguran que, a pesar de reconocer todas las preocupaciones, la expansión de Abbot
Point requeriría menos dragado que otras opciones a lo largo del arrecife.
"Es importante señalar que el suelo marino de la zona aprobada está formado por
arena, limo y arcilla, y no contiene corales o algas", dijo Reichelt.
De momento la Unesco, en consulta con el Gobierno australiano, tomó la decisión de
demorar la iniciativa de clasificar el lugar como "en peligro" o alterar su condición de
Patrimonio de la Humanidad hasta que el Gobierno presente un informe de cómo se
propone abordar las preocupaciones ambientales.
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