En México, la Cámara de Diputados ha declarado que está dispuesta a convocar a las reuniones necesarias para alcanzar una nueva iniciativa sobre la Ley General de Aguas, la cual se enfrenta a una fuerte crítica por parte de la población. Uno de sus principales puntos es permitir a los estados del norte del país, donde se aplica el 'fracking', el traslado de grandes cantidades de agua y su privatización.
En el Senado de la Republica se desarrolló el foro 'El acceso al agua es un derecho humano', organizado por la fundación Conciencia y Dignidad y por algunos senadores que están en desacuerdo con la Ley General de Aguas, que también ha sido bautizada por algunos como la Ley Korenfeld, por el nombre del titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
Esta ley permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades del país. También da la autorización a la Comisión Nacional del Agua para que pueda brindar concesiones por periodos de 60 años con posibilidad a prórroga. Además, garantiza el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.
"Sentimos que lo que se está haciendo es favorecer a los particulares y no a los mexicanos en primer lugar. Según dice la constitución, se tiene que garantizar nuestro derecho al líquido vital y esencial para preservar la vida humana, que es el agua", comenta a RT la senadora mexicana Luz María Beristain sobre la nueva propuesta de ley.
Un punto importante para analizar esta Ley General de Aguas es la facilidad con la que permitiría el trasvase de este líquido, es decir, el traslado de grandes cantidades de agua hacia estados del norte del país como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, ya que esos estados, de acuerdo con el senador Alejandro Encinas, tienen colindancia con EE.UU. Con lo cual, lo que se pretende es facilitar que varias empresas sigan realizando el 'fracking' y sigan expropiando este recurso con esa técnica, sin importar el gasto y la consecuencia que puede tener en detrimento de la salud humana al quitar un líquido tan importante para la vida como lo es el agua.
Para Marcelo Fabian Monges, presidente de la fundación Conciencia y Dignidad, hay muchos intereses de por medio en la aprobación de esta ley, que no corresponden únicamente a intereses mexicanos. También hay intereses políticos de empresas transnacionales. "El verdadero interés es alzarse con el monopolio de la distribución y el consumo de agua. Es un plan internacional que viene de los grandes grupos económicos financieros mundiales", sostiene.
Se espera que en los próximos días se siga analizando esta propuesta de ley, y de alguna manera también se está esperando que se realice alguna votación antes del 30 de abril, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y en la de Senadores del país.
Entradas
